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El delito fiscal se comete cuando se defrauda a la Hacienda Pública una cantidad elevada (actualmente superior a 120.000 euros).
El fraude se produce cuando:
Para que estas conductas se consideren delito ha de probarse que existe intención de infringir la Ley y las normas establecidas.
De lo contrario, sería una infracción administrativa objeto de sanción.
El fraude no solo es delito si se comete en relación a la Agencia Tributaria (Hacienda), sino a la Seguridad Social o a cualquier organismo público.
El delito fiscal puede castigarse con penas de uno a cinco años de prisión. Además, el defraudador tendrá que pagar una multa en proporción a la cantidad defraudada.
En algunos casos, se podrá prohibir que el infractor no puede obtener subvenciones o ayudas públicas, beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de entre 3 y 6 años.
La reforma del Código Penal establece que las personas jurídicas (sociedades) puedan ser condenadas también por este tipo de delitos. En este caso, la sanción será solo económica.