
Saber a qué convenio colectivo pertenece nuestra empresa es algo realmente importante, puesto que del convenio va a depender la regulación de la relación laboral empresa-trabajador. Los convenios colectivos son acuerdos libremente adoptados entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, que se firman tras una negociación entre ambas partes.
Un convenio constituye un contrato celebrado entre las partes y es de obligado cumplimiento. Los acuerdos que en él se plasman no pueden modificarse mediante pactos particulares, a no ser que sea para mejorar las condiciones iniciales. Pero es posible su impugnación si se considera ilegal.
Los convenios colectivos regulan materias de naturaleza económica, asistencial, laboral, sindical o cualquier otra cuestión que afecte a las condiciones de empleo y las relaciones entre empresas y trabajadores, incluyendo la forma de resolver las posibles discrepancias que puedan surgir en los periodos de consultas necesarios en los casos de movilidad geográfica, modificación de las condiciones de trabajo, despido colectivo o suspensión de los contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, etc.
Los convenios tienen una vigencia previamente pactada, que se entiende prorrogada año a año, salvo que el propio convenio estipule la imposibilidad de esa prórroga. En materia de retribución tendrán efectos retroactivos.
Para saber que convenio colectivo hay que aplicar en la empresa hay que conocer en primer lugar en qué sector se encuadra la actividad. Una vez identificado, habrá que ver si el convenio aplicable es de ámbito nacional, autonómico, provincial o local o si existe convenio de empresa o superior. Si la empresa desarrolla varias líneas de negocio, habrá que establecer cuál es la principal, en función de la cual se determinará el convenio.
Si no existiera convenio para la actividad de la empresa, habrá que atenerse a lo pactado con el trabajador y, en caso de conflicto, a lo estipulado el Estatuto de los Trabajadores. Este tipo de situación suele ser desfavorable para el contratado, puesto que el Estatuto fija unas condiciones mínimas para los trabajadores, que suelen mejorarse en los convenios.