El negocio de compra-venta de bienes usados es una alternativa atractiva, sobe todo en tiempos de crisis, pues permite adquir bienes en buen estado a un precio inferior al original. Muchas personas encuentran en este sistema una forma de deshacerse de cosas que no utilizan recuperando una parte de lo invertido. Ahora bien, este tipo de transacciones no están exentas de impuestos, algo que a menudo se ignora en el momento de realizarlas.
La operativa a nivel fiscal de este tipo de negocio tiene un tratamiento particular, que lo diferencia del comercio al por menor, en lo que respecta al Impuesto Sobre el Valor Añadido. Las tiendas de segunda mano que adquieren su mercancía a particulares deben emitir una autofactura en el momento de efectuar la compra. El particular no puede facturar porque no está realizando una operación dentro de una actividad económica, como ocurre cuando se adquiere mercancía a una empresa proveedora.
Por lo tanto, la tienda de artículos de segunda mano emite dos facturas en relación con el mismo artículo: una en el momento de adquirirlo y otra en el momento de venderlo. La primera la deducirá como gasto y la segunda la declarará como un ingreso de la actividad. De este modo se mantiene la neutralidad del impuesto, pues se ingresará la diferencia entre el IVA soportado y repercutido de cada operación.
La factura que emite en lugar del particular al que adquiere el bien contendrá todos los datos exigidos por el Reglamento General de Facturación: Nombre, NIF y domicilio del vendedor; descripción del material que compra de manera detallada, para que resulte posible su identificación, fecha de la operación.
El negocio de bienes usados debe atenerse a la normativa mercantil y fiscal como cualquier otro. Llevará un libro registro de ventas e ingresos y otro de compras y gastos o una o una contabilidad oficial en el caso de una sociedad mercantil. También deberá llevar aparte un libro de compras donde detalle, para cada una de las operaciones, las características del artículo y la identificación del vendedor. Estos libros han de llevarse periódicamente a una comisaría de policía para su revisión, como una forma de control para evitar el tráfico de objetos robados.
Desde el punto de vista de la seguridad social, la actividad tanto si se realiza como autónomo o a través de una sociedad mercantil administrada por esta persona, implica el alta en el RETA.
