La clasificación de empresas es un procedimiento de sobras conocido por todas aquellas entidades que quieran acceder a licitaciones de contratos públicos de determinada envergadura económica. Cuando una empresa quiere contratar con la administración debe demostrar su solvencia. Para ello, deberá inscribirse en un registro que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Esa inscripción se denomina clasificación.
La clasificación es imprescindible para:
– Realizar contratos de obras de importe igual o superior a 5000.000€.
– Realizar contratos de servicios de importe igual o superior a 2000.000€, salvo aquellos relacionados con servicios financieros (de seguros, bancarios y de inversiones), servicios de investigación y desarrollo, servicios jurídicos, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, otros servicios distintos de las demás categorías recogidas en el anexo II de la Ley 30/2007.
Las empresas que deseen clasificarse deben dirigirse a la Delegación de Hacienda más cercana y presentar cubiertos los formularios que pueden descargarse aquí.
Los formularios se acompañan con la documentación identificativa de la empresa, impuestos y cuentas anuales de los tres últimos ejercicios. Las delegaciones se encargan tan solo de recoger la documentación para remitirla al Ministerio de Economía y Hacienda.
También es posible cumplimentar los formularios a través de la web. Existe un tutorial a disposición del usuario para ayudarle en esta tarea.
La clasificación de las empresas se realiza en función de su actividad, de los servicios que presta y de su solvencia. Las empresas son clasificadas en grupos y subgrupos de actividades, otorgando a cada subgrupo concedido una categoría. Dependiendo de la categoría adjudicada, la empresa clasificada podrá optar a unos u otros contratos por razón de su objeto y cuantía económica.
El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, publicado el 5 de septiembre, exime de la obligación de clasificarse a la empresas de servicios. Podrán acreditar por otros medios el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación. La norma entrará en vigor el próximo 5 de noviembre.
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